Defensoría de México obtiene opinión internacional en caso de detención arbitraria y tortura

El Instituto Federal de Defensoría Pública – IFDP- logró un precedente histórico, litigando en el ámbito internacional. Por acuerdo de su Director General creó un equipo especializado en combate a la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Dicha oficina litigó con éxito ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias el caso de Brenda Quevedo.

Brenda Quevedo Cruz es una mujer mexicana de 40 años de edad, Licenciada en Comunicación y Relaciones Públicas. En noviembre de 2007 fue detenida en Kentucky, Estados Unidos y extraditada a México dos años después, por la presunta comisión de los delitos de delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad, en su modalidad de secuestro.

Brenda ha estado privada de libertad en distintos centros de detención, ninguno de ellos en el lugar donde se desarrolla su juicio o donde viven sus familiares. Además, Brenda fue víctima de todo tipo de tortura.

Al día de hoy, a más de 13 años de su detención en Estados Unidos, Brenda continúa privada de libertad sin sentencia. Además, a pesar de las múltiples denuncias y quejas presentadas por la tortura sufrida, hasta la fecha no se ha investigado, enjuiciado ni sancionado a las personas responsables.

Ante esta situación, el 11 de septiembre de 2019 el IFDP, a través de su Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos, presentó comunicación individual en representación de Brenda, ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas (GTDA). El 29 de septiembre de 2020, el GTDA comunicó la adopción de la Opinión 45/2020 (A/HRC/WGAD/2020/45), en la que determinó la arbitrariedad de la detención, la existencia de graves violaciones a un juicio justo y la existencia de un caso prima facie creíble sobre los actos de tortura y malos tratos que sufrió Brenda, que afectaron su capacidad de participar en su propia defensa.

El Grupo de Trabajo encontró preocupante que este caso, es uno de los muchos que se le han presentado relacionados a la privación arbitraria de la libertad en México, lo cual podría indicar un problema sistémico que, de continuar, podría constituir una grave violación al derecho internacional, incluso constitutiva de crímenes de lesa humanidad.

Consideró que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, corresponde la liberación inmediata de Brenda y la garantía de su derecho a una indemnización y otras reparaciones, de conformidad con el derecho internacional, particularmente en el contexto actual de la pandemia de la enfermedad mundial del coronavirus y la amenaza que representa en los lugares de detención.

Finalmente, el GTDA instó al Gobierno mexicano a garantizar una investigación completa e independiente de las circunstancias que rodearon la privación arbitraria de libertad, incluidas las denuncias de tortura, y a tomar las medidas adecuadas contra los responsables de la violación de sus derechos.

Esta opinión constituye el primer pronunciamiento por parte de un organismo internacional de derechos humanos, derivado de un asunto presentado por el Instituto de la Defensoría Pública.

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