Exitosa gestión de la defensora Gustava Aguilar en caso venezolano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

La defensora interamericana, también Defensora Regional de Magallanes, junto a su par dominicana Johanny Castillo, logró que Venezuela reconociera responsabilidad y pidiera perdón por la muerte de un cadete de la Guardia Nacional.

La Defensora Regional de Magallanes Gustava Aguilar actuó en este caso como defensora interamericana en representación de la familia de la víctima.

El Caso Ortiz Hernández Vs. Venezuela ya marca un precedente para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por primera vez el Estado de Venezuela reconoce ante esta instancia su responsabilidad y pide perdón por hechos como el que dieron muerte al joven Johan Alexis Ortiz Hernandez, estudiante de la Escuela de Formación de Guardias Nacionales de Cordero. El alumno murió el 15 de febrero de 1998 como consecuencia  de disparos de arma de fuego en el contexto de un práctica militar.

Las Defensoras Interamericanas, Gustava Aguilar Moraga y Johanny Castillo Sabarí, que representaron a los familiares de la víctima en el proceso, se mostraron satisfechas con el resultado al indicar que ‘‘lo único que buscaron los padres del joven por 19 años es el reconocimiento de lo que había ocurrido y que se estableciera la verdad de los hechos’’.

Para Gustava Aguilar, quien además se desempeña como Defensora Regional de Magallanes, la resolución también es altamente positiva por cuanto reitera el buen trabajo que viene desarrollando el equipo de defensores interamericanos, conformado tras el acuerdo de entendimiento suscrito por la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Respecto del caso en particular, el reconocimiento se hizo por medio del agente venezolano Larry Devoe, quien en la audiencia pública, celebrada en San José de Costa Rica, sede de la Corte,  calificó el hecho como ‘‘una muerte arbitraria y totalmente injustificada’’ por lo que reconoció la responsabilidad internacional de su país por la violación al derecho a la vida. También admitió ‘‘la deficiente actuación de los órganos [estatales que] condujo a que el proceso judicial se complejizara y se extendiera más allá del plazo razonable’’ sin contar ‘‘hasta el día de hoy con una sentencia firme’’, por lo que aceptó la responsabilidad internacional del Estado por la violación del derecho a las garantías judiciales y la protección judicial. Debido al sufrimiento ocasionado a los familiares, Venezuela también reconoció la responsabilidad internacional por la violación a su derecho a la integridad personal.  El agente Venezolano señalo: ‘‘En nombre del Estado venezolano les pido perdón por la actuación de los agentes estatales que causaron la muerte de su hijo, lamentamos los hechos que llevaron a su sensible fallecimiento’’.