Resoluciones de la OEA

Principios y Directrices

El día 13 de octubre del corriente, en el marco del 89º Período Ordinario de Sesiones llevado a cabo en la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil entre los días 3 y 14 de octubre, el Comité Jurídico Interamericano (CJI) adoptó por unanimidad la resolución CJI/RES. 226 (LXXXIX-O/16) mediante la cual aprobó los Principios y directrices sobre la Defensa Pública en las Américas. A su vez, el CJI decidió remitir el documento “al Consejo Permanente de la OEA con la recomendación de que considere elevarla a la Asamblea General de la Organización para la eventual aprobación de dichos principios”. En su resolución AG/RES. 2908 (XLVII-O-17) de junio de 2017, la Asamblea General tomó nota de los Principios y Directrices y solicitó al Departamento de Derecho Internacional que le dé la más amplia difusión.

Este documento fue elaborado por la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) y presentado por la Coordinación y la Secretaría General de la AIDEF ante el CJI el día 5 de octubre del corriente. Asimismo, contó con el apoyo del Dr. Dante Negro, Director del Departamento de Derecho Internacional de la OEA –dependiente de Asuntos Jurídicos de la OEA–.

Los Principios y directrices sistematizan los estándares en materia de Defensa Pública que la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha desarrollado en las resoluciones adoptadas desde 2011 a la fecha, a instancias de la AIDEF. Allí se reconoce, entre otros puntos, que el trabajo de los Defensores Públicos Oficiales constituye un aspecto esencial para el fortalecimiento del acceso a la justicia y la consolidación de la democracia, la obligación de los Estados de eliminar los obstáculos que afecten o limiten el acceso a la defensa pública, de manera tal que se asegure el libre y pleno acceso a la justicia y la importancia de que la defensa pública cuente con independencia, autonomía funcional, financiera y/o presupuestaria.

Cabe destacar que los Principios y directrices constituyen un documento inédito para la región, en tanto que consolida los principios básicos de una Defensa Pública integral y autónoma, herramienta fundamental para la protección de los derechos humanos de todas las personas, en especial de aquellas más vulnerables.

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