Nombre peticionante

Carlos Andrés Galeso Morales (Caso 12.939)

País

Colombia

Defensores/as Interamericanos/as designados/as

Javier Mogrovejo (Ecuador)

Nicolas Orellana (Asociación de Defensores Públicos de Chile)

Ex DPI

Dr. Reyes Ovidio Girón Vasquez (por el Instituto de la Defensa Pública Penal de Guatemala)

Dra. Isabel Penido Campos de Machado (por la Defensoría Pública de la Unión de Brasil).

Informe de admisibilidad

16/14

3 de Abril de 2014

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Hechos del caso

El caso versa sobre alegadas violaciones del derecho a la integridad personal (artículo 5), a las garantías judiciales (artículo 8), del derecho de protección a la honra y a la dignidad (artículo 11), derechos del niño (artículo 19), derecho de circulación y residencia (artículo 22), igualdad ante la ley (artículo 24) y del derecho a la protección judicial (artículo 25), reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos.

El peticionario relata que él y su familia, como miembros de la etnia indígena Kankuamo, han sido objeto de amenazas y actos de intimidación. Manifiesta que la alegada persecución en su contra y la de su familia, se habría iniciado en el año 1999, cuando “un grupo armado que se identificó como AUTODEFENSAS UNIDAS DE COLOMBIA […] y con lista en mano irrumpió en nuestra casa, sacaron a la fuerza a mi suegro […] se lo llevaron a la fuerza junto a otras cinco personas […quienes posteriormente habrían sido] asesinadas en la Finca Monterrey”. El peticionario alega que estos hechos habrían ocurrido en un contexto en el cual “los campesinos e indígenas de la etnia Kankuama fueron tildados de auxiliadores de grupos subversivos” que operaban supuestamente en la Sierra Nevada de Santa Marta, según la información que era publicada en medios de comunicación y también en informes de la policía judicial. Alega que, por causa de estos hechos de violencia, se produjo en diciembre de 1999 el “éxodo [de] muchos campesinos e indígenas Kankuamos del Corregimiento de la Mesa […]”. Específicamente afirma que luego de los homicidios, su familia habría recibido amenazas directas del supuesto grupo armado, sin que “las autoridades competentes de la región [les ofrecieran] protección ni ayuda a los desplazados”.

Así, tal como surge del informe de admisibilidad, el peticionario enumera una serie de desplazamientos con su núcleo familiar a raíz de constantes amenazas por el territorio colombiano que tuvieron lugar entre los años 2000 y 2006. Agrega que en diciembre de 2005 recibió amenazas telefónicas y que tuvo conocimiento de que el líder paramilitar Rodrigo Tovar Pupo –alias Jorge 40— había dado la orden de ejecutarlo. Como consecuencia de estas amenazas, en enero de 2006 se trasladó con su madre, su hermana y sus hijos menores a la ciudad de Barranquilla. Tras recibir amenazas en Barranquilla, se desplazaron hacia Bogotá en agosto de 2006.

Por todo ello, el 28 de agosto de 2006 el Sr. Galeso Morales presentó ante distintos organismos e instituciones –a saber: la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Personería de Bogotá DC, el Ministerio del Interior y Justicia, la Comisión de Paz del Senado de la República, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional y la Policía Nacional– una denuncia sobre las continuas violaciones a los derechos humanos en su contra. Asimismo, el 15 de septiembre de ese mismo año, la presunta víctima fue incluido en el Registro Único de Población Desplazada. En esa misma fecha se le informó que su denuncia había sido remitida a la División de Inteligencia de la Policía Metropolitana de Bogotá y al Programa de Protección del Ministerio del Interior y Justicia. Sin embargo, en octubre de 2006, el Ministerio del Interior y Justicia le informó que no calificaba como parte de la población objeto del Programa de Protección previsto en la Ley 782 de 2002. A mediados de noviembre de ese mismo año recibió una nueva serie de amenazas telefónicas, que lo llevaron a refugiarse en la guarnición militar de Facatativá, en el Municipio de Cundinamarca durante diciembre de 2006 y enero de 2007. En febrero amplió su denuncia por amenazas, ante la Fiscalía General de la Nación, pero las amenazas telefónicas se repitieron en abril de ese año. Según el Informe, en enero de 2008 se habría frustrado un atentado impulsado por las “Águilas Negras” en su contra “[…] por ser defensor de derechos humanos y miembro de la ONG Humanity Foundation Colombia”, tras lo cual se trasladó a la ciudad de Riohacha en el Departamento de la Guajira. La presunta víctima alega que, por causa de las reiteradas amenazas telefónicas y panfletos con amenazas de muerte, a los que se suma la presunta desaparición de otro miembro de su familia identificado como Oscar Mindiola Romero, decidió establecerse temporalmente en Venezuela. Por otro lado, en 9 de julio de 2008 presentó otra denuncia formal ante la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación contra el Comandante del Bloque del Meta de las Águilas Negras y contra la Agencia Presidencial para la Acción Social por presuntos vínculos con este grupo.