Nombre peticionante

Castellanos Valbuena y familia

País

Colombia

Defensores/as Interamericanos/as designados/as

Renata Tavares da Costa (Brasil)

Salvador Eduardo García Calderón (El Salvador).

Fecha de designación

21 de marzo de 2022

Informe admisibilidad

Aplicó Res 1/16

15 de marzo de 2021

Hechos

 En el año 2013 Jaime Daniel Castellanos Valbuena fue víctima de tortura, tratos crueles y degradantes por parte agentes del Estado Colombiano, cuando se encontraba culminando su carrera militar en la Escuela de formación para obtener el Grado de Oficial de la Infantería de Marina. Los hechos acontecieron en el Buque Escuela gloria de la Armada Nacional de Colombia en el trayecto de Cartagena – Colombia hacía la ciudad de Hong Kong; en el meridiano 180°. Las imágenes de la golpiza fueron transmitidas en noticieros y tomaron estado público.

Las presuntas víctimas alegan -acompañando prueba documental (historias clínicas, certificados médicos, etc.)- que tales hechos dejaron graves secuelas físicas y emocionales en Jaime, con diagnósticos de traumatismo en la columna lumbar a causa de los más de 150 golpes recibidos, sumado al daño psicológico (diagnosticado con Trastorno de Estrés Postraumático, Trastorno de Depresión y Ansiedad). Recientemente, incluso, ha sido sometido a una nueva cirugía.  

Se formalizaron las correspondientes denuncias ante organismos judiciales, administrativos y disciplinarios del estado colombiano. Por lo que se desprende del relato de la presunta víctima, algunas denuncias fueron archivadas por falta de competencia, en otras no se adoptó decisión alguna. Es importante destacar que las presuntas víctimas no contaron con asistencia y/o representación legal en el trámite interno, todas las notas y presentaciones están presentadas por sus progenitores en calidad de tales (archivo ID671652 contiene resumen de actuaciones elaborado por las presuntas víctimas). 

Ello dio lugar a amenazas hacia Jaime y todo el grupo familiar, lo que motivó a Jaime a abandonar el país, radicándose en Europa. La madre del joven alega que ha sido también víctima de persecución laboral en tanto trabaja en el Ministerio de Defensa Nacional Colombiano (adjunta recibos de sueldo, pero alega que ese dinero cubre los gastos de vida cotidiana de ella y su otro hijo menor de edad, no pudiendo afrontar los costos de un proceso. Remitió declaración de carencia de fondos suscripta ante escribano público).

Finalmente, en el año 2016, la madre interpuso la denuncia ante la CIDH por sí y por las restantes presuntas víctimas del caso. Alegan la vulneración de los derechos a la vida, la integridad personal, la salud, la educación y el debido proceso (sin perjuicio del encuadre legal que luego pueda dar la CIDH).