Caso “Cuya Lavy y otros vs Perú”
Nombre | Cuya Lavy y otros vs. Perú (Caso 12.993 ) | |||
Defensores/as Interamericanos/as designados/as | Dr. Mariano Maciel (por Argentina) Dr. Leonardo Cardoso de Magalhaes (Brasil)
Dra. Rivana Ricarte de Oliverira (ANADEP) Dr. Hugo César Gimenez Ruiz Diaz (Paraguay) | |||
Situación procesal actual | Remisión a la Corte IDH | 6 de Agosto de 2019 | ||
Designación de DPIs | 13 de Noviembre de 2019 | |||
Remisión del ESAP | 13 de Febrero de 2020 – Cuya Lavy 30 de Enero de 2020 – Valenzuela Cerna | |||
Audiencia de fondo | 8 de marzo 2021 | |||
Alegatos finales escritos | Fueron remitidos | |||
Sentencia de fondo | 28 de septiembre de 2021 | |||
Hechos del caso y resumen de lo decidido. | En el caso los Dres. Mariano Maciel y Leonardo Cardoso de Magalhaes representan exclusivamente a Jorge Luis Cuya Levy, y la Dra. Rivana Ricarte y el Dr. Hugo César Gimenez Ruiz Diaz representan exclusivamente a Walter Valenzuela Cerna. Conforme surge del resumen oficial de la sentencia, el caso versa sobre una serie de violaciones cometidas en el marco de los procesos de evaluación y ratificación a los que fueron sometidos dos jueces, una fiscal y un fiscal por el Consejo Nacional de la Magistratura (en adelante “CNM) entre los años 2001 y 2002. Los procesos concluyeron con las resoluciones de no ratificación en sus cargos emitidas por el CNM. A las víctimas no se les permitió conocer previa y detalladamente la acusación formulada, ni contaron con el tiempo y los medios adecuados para su defensa. Las resoluciones de no ratificación no contaban con motivación alguna, lo que ocasionó también una afectación al derecho de la honra y de la dignidad. También se les afectó indebidamente el derecho a permanecer en el cargo en condiciones de igualdad. Además, las víctimas no contaron un mecanismo idóneo y eficaz para proteger la garantía de estabilidad en el cargo, en vista que los recursos presentados fueron declarados improcedentes bajo el argumento que las resoluciones del CNM no podían ser revisadas en la sede judicial. Con base en ello, la Corte declaró la responsabilidad del Estado por la violación a las garantías judiciales, a la protección de la honra y de la dignidad y a los derechos políticos, en perjuicio de Jorge Luis Cuya Lavy, Jean Aubert Díaz Alvarado, Marta Silvana Rodríguez Ricse y Walter Antonio Valenzuela Cerna; y por la violación a la protección judicial en perjuicio de Jorge Luis Cuya Lavy, Jean Aubert Díaz Alvarado y Marta Silvana Rodríguez Ricse En cuanto a las reparaciones ordenadas, la Corte estableció que su Sentencia constituye per se una forma de reparación y, adicionalmente, ordenó al Estado: i) publicar la sentencia de la Corte Interamericana y su resumen; ii) adecuar, en un plazo razonable, su ordenamiento jurídico interno a los parámetros establecidos en la Sentencia, y iii) pagar las cantidades fijadas en la Sentencia por concepto de restitución, daños material e inmaterial y el reintegro de costas y gastos. | |||
