Los miembros del Comité Ejecutivo y del Consejo Directivo de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) celebraron el pasado mes de agosto reuniones en la ciudad de Asunción. Las reuniones fueron presididas por la titular del Ministerio de la Defensa Pública del Paraguay, Abg. Noyme Yore Ismael, Coordinadora General de la AIDEF, en compañía de representantes de Secretaría General, la Subcoordinación General, la Coordinación del Caribe, la Coordinación América Central, los Fiscalizadores de Cuentas Titular y Suplente, la Tesorería y los vocales I y II.
El día 2 de agosto del corriente año se desarrolló la reunión del Comité Ejecutivo, al inicio del encuentro la Coordinadora de la AIDEF, Abg. Noyme Yore Ismael, dio el saludo de bienvenida a los miembros del comité y agradeció la presencia de cada uno de ellos. Destacó además que durante la reunión se tomaran decisiones productivas, teniendo en cuenta el objetivo común; el cual es la Defensa de los sectores vulnerables.
Nuevo cuerpo de Defensores Públicos Interamericanos
Durante la reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación, se eligió el nuevo cuerpo de Defensores Públicos Interamericanos para el período 2016-2019. Quienes resultaron elegidos podrán actuar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como así también ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de los acuerdos de entendimiento suscriptos por la AIDEF con estos organismos del sistema interamericano de derechos humanos.
Nuevas Autoridades de AIDEF para el período 2016 – 2018
El día 3 de agosto del corriente se celebró la Reunión del Consejo Directivo de la AIDEF, en dicha reunión se eligieron las nuevas autoridades de la institución por el período 2016-2018.
A continuación, se detallan las nuevas autoridades del Comité Ejecutivo de la AIDEF para el período 2016-2018:
- Coordinador General: Dr. Andrés Mahnke, Defensor Nacional de la Defensoría Penal Pública de la República de Chile.
- Subcoordinador General: Dr. Joaquim Neto, presidente de la Asociación Nacional de Defensores Públicos de la República Federativa del Brasil ANADEP.
- Secretaria General: Dra. Stella Maris Martínez, Defensora General de la Nación de la República Argentina.
- Tesorera: Dra. Nydia Arévalo Flores de Corzantes, Directora General de la Defensa Pública Penal de la República de Guatemala.
- Coordinadora de América Central: Dra. Marta Iris Muñoz Cascante, Directora de la Defensa Pública de la República de Costa Rica.
- Coordinador de América del Norte: Dr. Mario Alberto Torres, Director del Instituto Federal de la Defensoría Pública de la República de México.
- Coordinadora de América del Sur: Dra. Adriana Berezón, presidenta de la Asociación de Defensores de Oficio de la República Oriental del Uruguay.
- Coordinadora del Caribe: Dra. Laura Hernández, Directora Nacional de la Oficina Nacional de Defensa Pública de República Dominicana.
- Vocal Primero: Dr. Fernando Lodeiro, por la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Ministerio Público de la Defensa de la República Argentina – ADePRA.
- Vocal Segunda: Dra. Noyme Yore Ismael, Defensora General de la República de Paraguay.
- Fiscalizador de Cuentas Titular: Dr. Danilo Montenegro, Director Nacional del Instituto de la Defensoría de Oficio de la República de Panamá.
- Fiscalizadora de Cuentas Suplente: Dra. Clarisa Indiana Ibarra Riera, Directora de la Defensoría Pública de Nicaragua.
«Principios y directrices sobre defensa pública en las Américas»
En ocasión de la reunión fue aprobado el documento «Principios y directrices sobre defensa pública en las Américas», que sistematiza los estándares en materia de defensa pública, desarrollados por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en las resoluciones adoptadas desde 2011 a instancias de la AIDEF.
Allí se reconoce, entre otras cuestiones, que el trabajo de los defensores públicos oficiales constituye un aspecto esencial para el fortalecimiento del acceso a la justicia y la consolidación de la democracia. También se afirma que los Estados están obligados a eliminar los obstáculos que afecten o limiten el acceso a la defensa pública, de manera tal que se asegure el libre y pleno acceso a la justicia. Finalmente, se destaca la importancia de que la defensa pública cuente con independencia, autonomía funcional, financiera y/o presupuestaria.