Con aportes académicos y de políticas públicas, el acuerdo permitirá hacer un seguimiento permanente del cumplimiento de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Uno de los desafíos del Defensor Nacional, Andrés Mahnke, como Coordinador General de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (Aidef) es la futura creación del primer observatorio encargado de hacer el seguimiento de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) respecto del cumplimiento efectivo de éstos por los Estados de la región.
El proyecto, que además busca generar estándares que permitan medir la calidad del cumplimiento, será una contribución de Aidef para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y, por lo mismo, debe elaborarse de manera interdisciplinaria, incluyendo materias de derecho y políticas públicas.
Ello explica que el convenio técnico que permitirá crear esta nueva entidad considerara a dos actores relevantes, la Universidad Alberto Hurtado (UAH) -a través de su Facultad de Derecho- y el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA).
Luego de suscribir el acuerdo de cooperación técnica, el jurista y profesor Rafael Blanco, decano de la facultad universitaria, indicó que en materia académica resulta de gran interés entregar un aporte conciso a la creación de un modelo de medición y seguimiento de estándares único en la región.
Jaime Arellano, director ejecutivo del CEJA, sostuvo que la creación de este observatorio representará un avance sustantivo para hacer valer el acatamiento de fallos y corregir de este modo violaciones a los derechos humanos que se cometan por los Estados integrantes.
El Defensor Nacional, Andrés Mahnke, valoró estos primeros pasos para la creación de este observatorio y explicó que “se trata de un espacio que permitirá el intercambio de conocimientos técnicos que contribuyan a fortalecer la garantía efectiva de los derechos fundamentales en Chile y el resto de la región, contribuyendo con ello al perfeccionamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.
OBJETIVOS Y ROLES
En detalle, las instituciones signatarias del acuerdo tendrán roles complementarios en el observatorio. Tal como lo consigna el convenio, en el caso de la Defensoría y desde su misión de prestar defensa penal de calidad a toda persona que lo requiera, vela permanentemente por el estricto cumplimiento de los derechos humanos de sus usuarios y mantiene, además, una permanente participación y coordinación con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a través del nombramiento de defensores públicos interamericanos.
A ello se suma, además, el rol que cumple el Defensor Nacional como Coordinador General de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (Aidef), cuyo objetivo principal es promover y defender la vigencia y eficacia de los derechos humanos en la región americana.
Según el convenio, “también es necesario que la Defensoría se constituya como un actor que pueda tener un discurso propio acerca de la evolución y el comportamiento del Sistema Interamericano”, a partir de lo cual “surge la necesidad de establecer un sistema de seguimiento al cumplimiento de los fallos ante la Corte IDH, con el objetivo de materializar la garantía efectiva de los derechos fundamentales y contribuir con ello al perfeccionamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.
El mismo documento agrega que el proyecto contará con la colaboración técnica de “entidades expertas en materia de funcionamiento del sistema de justicia penal en la región” -en este caso el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA)- “así como experiencia en implementación y evaluación de políticas públicas en el ámbito de la justicia”, en referencia a la Universidad Alberto Hurtado (UAH).
Ambas entidades cuentan con vasta experiencia en la generación de planteamientos ante importantes temas de justicia, contexto en que han colaborado a instalar debates para contribuir al mejoramiento del sistema procesal penal en su conjunto. Ambas cuentan además con un conocimiento acabado del funcionamiento de la Defensoría Penal Pública.