La región recibe hoy el 39 por ciento de las solicitudes de asilo, la cifra más alta a nivel mundial
La iniciativa apunta a generar un espacio de intercambio de antecedentes generales de legislación, jurisprudencia y servicios, además de entregar datos concretos que aseguren una mejor defensa en casos particulares.
Diversos expertos y expertas participaron ayer en el seminario internacional “El acceso a justicia de personas en contexto de movilidad en América Latina”, organizado en formato remoto por el programa EUROsociAL+ de la Unión Europea -cuya gestión lidera la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP)-, y la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (Aidef).
El escenario descrito por las distintas intervenciones es de alerta, porque la pandemia de Covid-19 ha agravado las vulnerabilidades de las personas migrantes y refugiadas en América Latina, especialmente de mujeres, niños y niñas, que ya enfrentaban un contexto muy difícil por la crisis migratoria venezolana y centroamericana.
De hecho, durante la jornada se explicó que existe un desafío adicional, pues la región soporta el mayor número de solicitudes de asilo en todo el mundo, con el 39 por ciento del total, con una muy baja tasa de reconocimiento de sólo 4 por ciento, según datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
Los participantes estimaron, además, que el fenómeno migratorio no sólo se mantendrá, sino que se incrementará en las próximas décadas, especialmente en la etapa post-Covid, lo cual debe motivar a las Defensorías Públicas de la región a actuar con mayor énfasis en la defensa de este colectivo para enfrentar situaciones lesivas a sus derechos humanos.
El Relator Especial de la ONU sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, Felipe González, sostuvo que “América Latina presenta serias deficiencias en la garantía del acceso a la justicia para migrantes, lo cual impacta negativamente en el ejercicio de sus demás derechos humanos y favorece la impunidad de los delitos de los que son víctimas”.
Agregó que el acceso a la justicia para estas personas “debiera incluir no solamente el ámbito penal, sino también el civil, el laboral y el administrativo, entre otros. En situaciones de detención migratoria, procesos de deportación y otros de carácter administrativo es indispensable asegurar dicho acceso”.
INFORME DE EUROSOCIAL+
Uno de los objetivos del encuentro fue exponer las principales conclusiones del informe “Acceso a la justicia de personas en contexto de movilidad humana, realizado por los expertos Juan Jiménez Mayor y Carmen Miguel Juan -ambos de EUROsociAL+- a petición de Aidef.
El diagnóstico señala, entre otras cosas, que las dificultades de las personas migrantes y refugiadas para regularizar su situación documentaria se han agravado con la pandemia, pues en muchos países los procedimientos están suspendidos, con el consiguiente riesgo de que estas personas sean devueltas a sus países de origen.
El diagnóstico describe, además, las necesidades jurídicas fundamentales no cubiertas que enfrentan, como el acceso a documentación para la regularización y a derechos como salud, educación, defensa para la no devolución, expulsiones colectivas y representación legal para quienes sean procesados penalmente.
Según el mismo estudio, el 21 por ciento de las defensorías públicas de la región considera que en su respectivo país -y aún en su propia institución- no se conocen las necesidades jurídicas de los migrantes y refugiados, mientras que en el 36 por ciento de los casos estos servicios no tienen una línea de trabajo específica a favor de estos colectivos, y un 43 por ciento tampoco tienen protocolo especial para asistirlos jurídicamente.
RED DE ASISTENCIA REGIONAL
Todo lo anterior releva la importancia de contar con una red de asistencia regional en temas como el asesoramiento temprano a posibles beneficiarios de protección internacional, la orientación jurídica respecto de las vías regulares de entrada y permanencia y la difusión de buenas prácticas de asistencia jurídica.
Como se explicó en el seminario y bajo la coordinación general de la Defensoría General de la Nación de Argentina, la Aidef trabajó en los últimos dos años en el diseño de esta red y de un modelo regional de asistencia jurídica para personas en situación de movilidad. Para ello, recibió el apoyo de EUROsociAL+ y el impulso de la Defensoría Pública de la Unión de Brasil y la Defensoría Penal Pública de Chile.
Stella Maris Martínez, coordinadora general de Aidef y Defensora General de la Nación Argentina, destacó el papel que las defensorías públicas de la región deben jugar para satisfacer las necesidades jurídicas de estas personas, pues probablemente “serán una de las pocas instituciones nacionales que puedan brindar la orientación, asesoría jurídica, representación y defensa para que las personas migrantes y refugiadas puedan acceder a sus derechos y a la justicia”.
Durante la jornada se explicó que la red de asistencia funcionará integrada a Aidef, como un espacio en que los países asociados puedan compartir información de casos concretos. El modelo asociado a la red, en tanto, orientará la forma en que las defensas públicas de la región cumplirán la normativa internacional de derechos humanos para asegurar el acceso a la justicia de este grupo de población.
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