Los días 25 y 26 septiembre del corriente año, se llevó a cabo el Seminario “Defensa Pública y Monitoreo de Derechos Humanos en los Centros de Privación de Libertad”. Se desarrolló en el Auditorio Manuel Belgrano del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, sito en Esmeralda 1218, ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Dicha actividad, organizada por el Programa EUROSOCIAL II, con la colaboración de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) y la Defensoría General de la Nación, tuvo como finalidad la presentación y difusión de la Guía regional para la defensa pública y la protección integral de las personas privadas de libertad (y su Memoria Explicativa de la Guía regional para la defensa pública y la protección integral de las personas privadas de libertad), elaboradas por la AIDEF en el marco del Programa EUROsociAL II, y aprobadas en el Foro internacional llevado a cabo en la ciudad de La Antigua, República de Guatemala, en junio de 2013 (Cf. RES DGN N° 1610/13). A su vez, también se presentarán los Manuales de Monitoreo de Derechos Humanos en los Centros de Privación de Libertad por parte de las Defensorías Públicas: Visitas Generales y Entrevistas Individuales (aprobados por RES-DGN N° 1473/14) documentos asimismo elaborado por la AIDEF y financiados por EUROsociAL II, y aprobados en la ciudad de Washington DC, Estados Unidos de América, los días 18 y 19 de marzo del corriente año.
En la primera jornada del seminario Defensa Pública y monitoreo de derechos humanos en los centros de privación de la libertad, la defensora pública Silvia Martínez y el fiscal ante el Tribunal Constitucional español Manuel Miranda presentaron los Manuales de Monitoreo de Derechos Humanos en los Centros de Privación de Libertad por parte de las Defensorías Públicas: Visitas Generales y Entrevistas Individuales.
Tanto la Dra. Martínez como el Dr. Miranda formaron parte del Grupo de trabajo que redactó dichos documentos, junto a la Dra. Migdalia Brown (República Dominicana) y el Dr. Hans Noriega (Guatemala). Durante su intervención, el fiscal se refirió al esfuerzo que significó la elaboración de los Manuales y la Guía regional para la defensa pública y la protección integral de las personas privadas de libertad y al compromiso que imponen para el trabajo cotidiano. “La guía se ha creado con la vocación de estandarizar y homogeneizar las prácticas en toda la región, convirtiendo a las defensorías en un actor clave. Se trata de una política pública regional de las defensorías que debe impactar positivamente”, explicó el Dr. Miranda e hizo mención de la regla 65, donde se expone la importancia de las visitas como herramienta para prevenir el maltrato de los privados de libertad. Los manuales se elaboraron con el fin de protocolizar esas visitas.
Sobre el documento referido a las Entrevistas Individuales, el fiscal español explicó que pretende ser una herramienta metodológica con recomendaciones básicas. “Tales visitas no deben nunca improvisarse, requieren planificación, desarrollo y seguimiento. Estos principios no solo deberían ser aplicables a las visitas a cárceles sino también a otros contextos. Tenemos una vocación de actuación en el marco carcelario y queremos expandir estas buenas practicas a otros centros que también comportan privación de la libertad”, sostuvo.
A continuación, Silvia Martínez hizo un pormenorizado recorrido por el Manual sobre Visitas Generales. “Las personas detenidas son invisibles y no tienen voz. Los defensores tenemos una posición laboral privilegiada, somos los únicos que los vemos. De ese contacto surge el deber ético de hacer algo con lo que vemos, surgen deberes de acción”, explicó. “Las visitas generales tienen un impacto en las prisiones que no tienen las individuales. En espacios tan cerrados con gente invisible, las visitas generales abren caminos de luz. En la medida en que se ingrese al corazón de los penales, que no se logra con la visita individual, tenemos mayores posibilidades de acción. Una vez que implementemos los manuales en nuestra práctica cotidiana se convertirán en una práctica poderosa de prevención de la tortura”, concluyó.
Más tarde el Dr James Haines, consultor investigador en el Centro Internacional de Estudios Penitenciarios Kings College (Londres, Reino Unido) se refirió a la Administración Penitenciaria y Derechos Humanos: Sistema de monitoreo con especial atención al caso de Inglaterra y Gales. “Ustedes por su presencia dentro de las cárceles forman como un escudo de monitoreo diario. Nosotros tenemos un rol parecido de visitas frecuentes. Si no monitoreamos y abrimos y transparentamos las cárceles, se fomenta un resentimiento que aumenta la tasa de reincidencia. Tenemos la obligación de comunicar nuestras observaciones. Es importante el escrutinio público. Lo peor que puede suceder es que no entre nadie”, subrayó.
Sobra el mecanismo de control en los establecimientos del Reino Unido, el Dr. Haines explicó que consta de “tres patas: una comisión de inspección profesional, comisiones que van diariamente y también un Ombudsman, que investiga las muertes en el sistema y puede escribir quejas y reclamos. Pero la verdad es que tenemos el privilegio de tener muchos recursos pero no sabemos utilizarlos bien”, enfatizó. “Para mí la mayor dificultad ha sido convencer a mis colegas de que hay un marco internacional de estándares. Mis colegas no lo aceptan y tampoco la administración penitenciaria. Lamentablemente es difícil convencer de la necesidad de protocolizar lo que hacemos”, finalizó.
Por la tarde, la primera jornada continuó con una exposición sobre “Mecanismos de protección: Derechos de las víctimas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, a cargo de la Defensora Pública Interamericana y Defensora Pública Oficial de la Defensoría General de la Nación, María Fernanda López Puleio y el Especialista en Derechos Humanos de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, Erik Acuña.
Acuña se encargó de explicar el sistema de peticiones y casos, como mecanismo de protección de los derechos, “uno de los pilares del trabajo de la CIDH”. El especialista hizo un recorrido por las distintas etapas del proceso que se inicia con la presentación de una petición en el marco de la Comisión Interamericana y destacó que durante 2013 se han recibido más de 2000 peticiones. Acuña explicó que ello “se debe a que el mecanismo se ha hecho más accesible y conocido para las víctimas y organizaciones”.
Lopez Puleio, en continuidad con la charla de Acuña, subrayó que el sistema interamericano reacciona cuando en el ámbito interno se ha fracasado en la protección de los derechos de las llamadas “presuntas víctimas” y apeló a la casuística para dar cuenta de la relación entre dicho sistema y las defensas públicas. Así, por ejemplo, habló del nacimiento institucional de la defensa pública en Guatemala a partir de una medida cautelar dictada por la CIDH para detener la ejecución de una persona que había sido condenada a la pena capital en un proceso en el que no había contado con una defensa técnica idónea.
La defensora interamericana destacó, a su vez, la importancia del rol de la defensa pública en el control de la ejecución de sentencias emitidas por la Corte Interamericana y señaló que “las defensas públicas de los países integrados al Sistema Interamericano atienden en promedio el 80% de los casos penales, lo que los convierte en actores privilegiados para dar cuenta de la situación local de los derechos humanos de cada país”.
La siguiente charla tuvo como protagonistas a Francisco Mugnolo, Procurador Penitenciario de la Nación, y a la Defensora Pública y Co-titular de la Comisión de cárceles de la DGN, Marcela Piñero.
El Procurador Penitenciario destacó que el habeas corpus es una herramienta útil para resolver situaciones puntuales y que también permite coordinar las acciones de distintos actores, que han dado lugar a crear protocolos de actuación para resolver casos de torturas y malos tratos.
Piñero, por su parte, destacó que la autarquía y autonomía son indispensables para que los defensores públicos puedan llevar a cabo su trabajo de monitoreo en las instituciones de encierro. Luego de destacar el abordaje que la DGN realiza de las problemáticas específicas para garantizar el acceso a la justicia de los distintos grupos vulnerables, la defensora detalló los objetivos de la Comisión de Cárceles: evaluar las condiciones de alojamiento, promover el cumplimiento de los estándares internacionales de detención, brindar asesoramiento a las personas privadas de libertad acerca de problemáticas de sus procesos judiciales, y apoyar a las defensorías oficiales en casos de reclamos individuales.
Piñero finalizó preguntándose “¿Qué miramos los que miramos? ¿Cuál es nuestro compromiso? ¿Qué miramos y qué queremos que el otro, el juez, mire?” y, al igual que el Dr. Mugnolo, convocó al trabajo coordinado y estratégico para mejorar las condiciones de detención.
La jornada concluyó con una charla sobre fundamentos para el diseño e implementación de estrategias de litigio de alto impacto, que estuvo a cargo de Paula Litvachky, del Centro de Estudios Legales y Sociales, y de Javier Mariezcurrena, del Programa para la Aplicación de Tratados Internacionales de DDHH de la DGN.
Litvachky señaló algunas de las líneas estratégicas y definiciones que desde el CELS se impulsan en términos del litigio carcelario y se refirió a casos donde el litigio modificó condiciones de detención que vulneraban los derechos de las personas.
Por su parte, Mariezcurrena desarrolló la perspectiva del litigio estratégico desde una institución estatal y detalló las funciones del Programa para la Aplicación de Tratados Internacionales: “Llevar adelante litigios ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, capacitar para lograr una defensa eficaz y promocionar los derechos humanos (a través de actividades como la Campaña Nacional contra la Tortura)”.
El funcionario de la DGN afirmó que “puede llamar la atención que la DGN litigue contra el Estado argentino en ámbitos internacionales, pero es parte de la defensa integral y se hace con el objetivo de proteger los derechos humanos de los asistidos y fortalecer las instituciones democráticas”.
Durante la mañana de la segunda jornada del seminario “Defensa Pública y monitoreo de derechos humanos en los centros de privación de libertad”, expusieron los directores de las defensas públicas de Paraguay, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Chile, Perú y República Dominicana. Cada uno realizó un recorrido por sus experiencias en el ámbito de la prevención de la tortura y malos tratos en las cárceles de estos países de la región.
A su turno, la Dra. Stella Maris Martínez, Defensora General de la Nación argentina, recordó que en 1986 se dictó en el país un nuevo tipo penal que responsabiliza al director de la cárcel cuando no se puede descubrir el responsable directo de un acto de tortura o maltrato. Sin embargo, desde entonces sólo hubo condena en un caso. “Tenemos que hacer reaccionar al sistema penal. Hay una clara inacción del poder judicial ante los hechos de tortura. Si las personas que cometen estos actos no reciben ninguna condena, nunca vamos a terminar con los abusos físicos”.
Ante esta situación, la Defensoría creó un programa de Patrocinio Jurídico gratuito que asiste a las víctimas o a sus familiares, que quieran constituirse como parte del expediente. “El resultado es muy importante, consiguiendo procesamientos en casos que hubieran quedado en la nada sin nuestra intervención”.
La Defensora también se refirió a la Comisión de seguimiento del tratamiento institucional de niños, niñas y adolescentes, que ha logrado que ya no se detenga a los menores en comisarías, en contacto con adultos, y que se cree un ámbito especial (Centros de Admisión y Derivación) dentro de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF).
La Defensora hizo referencia al reclamo que impulsa para que se modifique la ley penitenciaria y el decreto reglamentario. “Queremos que se revise el sistema de sanciones. La imposición es arbitraria, tienen el único fin de doblegar a las personas. Cuando los privados de libertad son sancionados, pierden avances en el régimen penitenciario, lo que significa pérdida de salidas, estudio y trabajo afuera. Pedimos que se garantice el derecho de defensa y la revisión judicial de estas sanciones. Luchamos para que la sanción de aislamiento sea suspendida”, explicó.
La Dra. Martínez también mencionó el caso de las personas internadas contra su voluntad en centros de salud mental. Gracias a la intervención de la Unidad de Letrados art 22, creada a partir de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental, se ha conseguido que en el 95% de los casos se encuentren alternativas menos lesivas de sus derechos.
“Estamos convencidos de que la verdadera lucha es tratar de descender la cantidad de personas en prisión. La campaña de ley y orden ha hecho presa a nuestro país, ha logrado un gran incremento de las personas privadas de su libertad. Por eso hay que tener una posición muy combativa y firme en este campo. Hoy las cárceles de Latinoamérica son centros claros de violación de derechos humanos. Debemos luchar por una senda más racional de tratamiento del delito y del delincuente y tendremos una democracia de mayor calidad”, concluyó la Defensora.
Investigación, sanción y reparación en casos de tortura
Por la tarde, El Dr. Manuel Miranda, Fiscal ante el Tribunal Constitucional español y el Dr. Gabriel Bombini, Profesor de la Universidad Nacional de Mar del Plata, se refirieron a la Investigación judicial, sanción y reparación en el contexto de la tortura o malos tratos, inhumanos y degradantes.
El fiscal español se centró en la Doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional de su país. Al respecto, recordó que “en los últimos tiempos y a raíz de los atentados de 2001, han aparecido intentos de justificación de la tortura desde una posición utilitarista y con el pretexto de defender a la sociedad. Frente a estas posturas bastaría apuntar que tenemos incorporado en los textos internacionales un mandato de prohibición absoluta de la tortura. Y eso debe proyectarse también en los supuestos de amenaza de utilización de tortura para obtener información”.
Analizando estándares del tribunal de Estrasburgo, el Dr. Molina explicó que “desde una vertiente material se ha afirmado que el artículo 3 impone al estado una obligación negativa de no torturar, lo que se conoce como el núcleo duro del derecho europeo. Sin embargo, no es infrecuente que el tribunal acabe concluyendo que las alegaciones de tortura no estaban suficientemente acreditadas. Aquí es que adquiere toda su dimensión la vertiente procesal. Cuando un detenido es puesto en libertad y hay evidencias de maltrato, el Estado debe brindar explicaciones plausibles, y si no puede incurrir en una violación del art 3 en su vertiente procesal. Es una obligación positiva, que se establece a los Estados y sobre todo a aquellos órganos de investigación y persecución penal.”
Frente a esto, el fiscal español subrayó de forma vehemente que los defensores, jueces y fiscales tienen la obligación de llevar a cabo investigaciones eficaces que cumplan con los estándares internacionales. “Esto debe ser entendido no solo como un compromiso institucional sino como un compromiso ético”, concluyó.
A continuación, el Dr. Bombini se refirió a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación argentina en casos de tortura, y para eso analizó cuatro grupos de fallos: aquellos vinculados a las consecuencias procesales de la prueba obtenida a partir de la tortura y la consecuente exclusión probatoria de ello; los relacionados con el deber estatal de investigación, sanción y reparación; los que involucran privación de libertad y derechos de los detenidos, y los que tienen que ver con la conceptualización jurídica del delito de tortura, área donde la producción normativa es “bastante magra”.
“Este panorama genera un amplio marco para proyectar nuevas acciones y litigios”, señaló. “En relación al objetivo del panel, se deriva de la doctrina de la Corte una concepción amplia del deber estatal de investigación, sanción y reparación, porque la Corte está diciendo que no sólo en los casos de lesa humanidad esta obligación es ineludible, sino también que en la medida en que existan desde el punto de vista del derecho internacional reproches hacia el Estado nacional, es su obligación realizar una investigación seria, amplia e integral para demostrar que está comprometido con la investigación y eventualmente con la sanción, independientemente de las indemnizaciones que deban imponerse en cada caso”, finalizó.
Fortalecimiento de lucha contra la tortura y la violencia institucional
El último panel trató la temática del fortalecimiento de la lucha contra la tortura y la violencia institucional.
Nicolás Laino, responsable del Programa de la DGN sobre Violencia Institucional, realizó un repaso de las diversas iniciativas internacionales para crear órganos específicos encargados de monitorear lugares de detención de manera preventiva.
En cuanto a la Argentina, señaló que, tras su adhesión al Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura, se encuentra en la etapa de selección de miembros para la conformación del Mecanismo Nacional, y destacó que algunas provincias ya poseen su Mecanismo Local, aunque funcionan con distintos grados de independencia respecto de los poderes del estado.
El Dr. Laino resaltó la necesidad de que los actores locales, especialmente las defensas públicas con todos sus recursos, se involucren en la tarea de monitoreo porque las visitas de organismos internacionales son poco frecuentes.
En segundo lugar, Marta Monclús, del Observatorio de Cárceles de la Procuración Penitenciaria, brindó una descripción de la Red Latinoamericana de Prevención de la Tortura y Violencia Institución. Iniciativa que se fundó en 2013, en la Universidad de Santo Tomás de Bogotá, Colombia, con el objetivo de crear un Comité para la Prevención de la Tortura en América latina que complemente a la actuación de otros organismos internacionales sobre la materia.
Entre las iniciativas de la Red que fueron detalladas por la Dra. Monclús se encontraron: la implementación de un Observatorio Latinoamericano de Prevención de Tortura, la creación de un Mecanismo Latinoamericano de Prevención de Tortura, la denuncia de represalias contra defensores de derechos humanos y la realización de pronunciamientos de apoyo hacia ellos, la realización de planes de capacitación, la recopilación de normativas y jurisprudencia y, por último, la creación de una base de datos de casos de tortura que permita formular estadísticas sobre violencia institucional.
A su turno, Gabriel Bombini, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, disertó sobre el documento de Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2008.
El experto señaló que en dicho documento se expresa un concepto amplio de privación de libertad, que no lo restringe exclusivamente a los ámbitos penitenciarios, y se sostiene que las responsabilidades de preservar la integridad de las personas en situación de encierro son imposibles de ser evadidos por parte del Estado.
El Dr. Bombini indicó que el documento de la CIDH considera al hacinamiento y al aislamiento como catalizadores de todos los problemas que se pueden dar en una cárcel, y por eso apuesta a las reformas normativas que intenten limitar prisiones preventivas y establecer en cada país la cantidad de plazas para realizar detenciones.
Este último panel culminó con la intervención de Jean-Sébastian Blanc, asesor sobre monitoreo en lugares de detención de la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT).
El Dr. Blanc anunció un seminario sobre la temática carcelaria que realizará la APT en Panamá. Comentó que en la próxima reunión, para la que se convocó a todos los Mecanismos de Prevención de la región y a las Defensorías Públicas, se reflexionará sobre quién debe monitorear a los monitores, sobre las situaciones de detención de los sectores vulnerables (indígenas, padecientes de salud mental, mujeres, LGBTTI, migrantes, etc.), sobre el trabajo de monitoreo de instituciones de salud mental, el autogobierno de las cárceles por parte de los privados de libertad, se discutirá cómo mejorar el impacto de las recomendaciones y su implementación, y sobre las represalias que a veces suceden por efecto de las denuncias de violaciones de derechos en cárceles.
Blanc culminó con una reflexión: “los defensores públicos son la voz de los privados de libertad, pero muchas veces esa voz no es del todo audible para el resto de la sociedad, por eso es fundamental comunicar sobre el trabajo de los defensores y de los mecanismos que monitorean cárceles”.
Clausura
Al finalizar el panel sobre fortalecimiento de la lucha contra la tortura y la violencia institucional, se realizó la clausura del Seminario.
Xavier Cousquer, Coordinador de EUROsociAL agradeció a todos los expertos expositores por compartir sus conocimientos. Anunció que el programa EUROsociAL continuará durante el 2015 y que posiblemente cuente con una tercera fase. “Tenemos que mantener nuestros esfuerzos y compromiso para lograr revertir las situaciones de vulneración de derechos de privados de libertad”, concluyó.
A continuación, Noyme Yore Ismael, Coordinadora General de la AIDEF y Defensora General de la República del Paraguay, alentó a continuar con el fortalecimiento de las instituciones y con el intercambio de experiencias y conocimientos.
Finalmente, la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, agradeció a todos los que compartieron el Seminario y a quienes lo hicieron posible, y señaló que “se cumplió el objetivo de presentar la publicación de la Guía Regional y el Manual de Monitoreo, pero la idea es que esta edición no quede adornando nuestras bibliotecas sino que sea una herramienta útil para lograr un cambio real en nuestras capacidades para hacer entrevistas individuales y observaciones generales sobre los vicios que hay en nuestros sistemas penitenciarios”. (Fuente: Dirección General de Prensa y Difusión D.G.N.).
