En su calidad de Coordinador General de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), el Defensor Nacional de Chile, Andrés Mahnke, expuso en Washington (Estados Unidos) durante una sesión extraordinaria sobre los modos de prevención de tortura y otros tratos o penas crueles o degradantes que lleva a cabo cada institución de la defensa pública de la región.
De visita en la capital estadounidense para presidir varios encuentros de los directivos de la asociación, entre otras actividades, Mahnke debió intervenir durante una sesión especial de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAPJ) de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde presentó una exposición titulada “Prevención de la tortura: rol de la defensa pública en la región”.
Entre otros elementos relevantes, el Coordinador General explicó que la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes son todavía -lamentablemente- una práctica usual en el mundo. De hecho, ejemplificó que entre 2010 y 2015 los informes de Amnistía Internacional incorporaron denuncias por este delito en 141 países del mundo, lo que representa un 73 por ciento de las naciones del mundo.
“Estar en esta sesión especial es muy importante para AIDEF y nos permite darnos cuenta que somos parte activa del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y que todos nuestros esfuerzos como defensorías públicas están dando frutos. Es un honor para mí ver cómo, a través de la figura del Defensor Público Interamericano, estamos haciendo realidad, con calidad y compromiso, el acceso a la asistencia jurídica de las personas más vulnerables. Creemos que AIDEF constituye un pilar fundamental del fortalecimiento al respeto de los derechos fundamentales”, señaló.
DESAFÍOS
Mahnke revisó también la evolución que ha tenido la legislación y los tratados internacionales de derechos humanos, en cuyo contexto se inserta el desarrollo de la defensa pública en la región. Por lo mismo, agregó que como primer punto de control de cumplimiento de las garantías de las personas imputadas durante una investigación penal, instituciones como la Defensoría Penal Pública tienen un rol central que ejercer en esta prevención.
“Este rol incluye capacitaciones permanentes para los funcionarios que intervienen en el proceso penal, creación y reforzamiento de unidades especializadas para la defensa de poblaciones especialmente vulnerables, denuncias ante las fiscalías en casos de abusos o tratos penalmente sancionables y, por supuesto, interposición constante de recursos administrativos y judiciales en casos necesarios”.
En la misma lógica, el Coordinador General de AIDEF -organismo que agrupa a unos 10 mil defensores públicos del continente americano- explicó que más allá de avances como la creación de la figura del defensor público interamericano, existen todavía varios desafíos por abordar.
“Observamos, en general, poca capacidad de los sistemas para detectar prueba con infracción de garantías, un desarrollo aún precario de unidades especializadas para grupos vulnerables y, sobre todo, falta de monitoreo adecuado, desde la defensa pública, en las etapas iniciales de la detención”, aseguró.