La AIDEF participó de la Segunda Conferencia Internacional de Acceso a la Asistencia Jurídica en los Sistemas de Justicia Penal

La Defensorí­a General de la Nación de Argentina co-organizó junto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, The International Legal Foundation, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), la Conferencia Internacional sobre Acceso a la Asistencia Jurí­dica en Sistemas de Justicia Penal, que tuvo lugar en Buenos Aires, Argentina, del 15 al 17 de noviembre de 2016, con el propósito de abordar los desafí­os globales para garantizar acceso a servicios de asistencia jurí­dica de calidad para personas de escasos recursos y en situación de vulnerabilidad, en concordancia con los Principios y Directrices de las Naciones Unidas sobre el Acceso a la Asistencia Jurí­dica en los Sistemas de Justicia Penal.

Este evento de tres dí­as fue la segunda conferencia internacional de este tipo, después de la conferencia inaugural celebrada en Sudáfrica, en junio de 2014. Participaron casi 200 representantes de gobiernos, instituciones de asistencia jurí­dica y representantes de la sociedad civil de más de 50 paí­ses, incluyendo un gran número de delegados de la AIDEF. En la apertura, que contó con la participación de la Ministra de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina, Susana Malcorra, el Secretario de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de ese paí­s, Santiago Otamendi, el Coordinador Residente de las Naciones Unidas/Representante Residente del PNUD, René Mauricio Valdés, y la Defensora General de la Nación argentina y Secretaria General de la AIDEF, Dra. Stella Maris Martí­nez. En sus palabras de bienvenida, la Secretaria General señaló que el objetivo era “intercambiar nuestras mejores prácticas y experiencias para elaborar planes concretos de acción, que nos guí­en hacia la conformación de sociedades más justas e inclusivas”. Asimismo, enfatizó que “en América Latina, la mayor parte hemos optado por el sistema de la defensa pública. Estamos convencidos de que, al margen de cuál sea el sistema elegido, el establecimiento de agencias fuertes, autónomas y con presupuesto adecuado son un paso esencial para garantizar el derecho a un juicio justo”.

En la Conferencia también participó el Coordinador General de la AIDEF, quien destacó el papel que cumple la Asociación, única en su tipo en la defensa pública internacional. En esa lí­nea recordó el rol de la institución, que es garantizar el acceso a la justicia, especialmente en personas en condición de vulnerabilidad. Destacó también la autonomí­a de la defensa pública como garantí­a de acceso a la justicia y su rol en la promoción y protección de los derechos humanos.

Al mismo tiempo, el Coordinador General abogó por la necesidad de seguir fortaleciendo la cooperación regional e internacional mediante redes especializadas de defensores públicos, con el fin de intercambiar buenas prácticas y conocimientos, como también cumplir con los principios de AIDEF desde su fundación (2003), que son defender la vigencia y eficacia de los derechos humanos reconocidos en las normas e instrumentos internacionales; establecer un sistema permanente de coordinación y cooperación interinstitucional de las Defensorí­as Públicas de América y el Caribe, y proveer la necesaria asistencia y representación de las personas y los derechos de los justiciables que permitan una amplia defensa.

“AIDEF constituye un pilar fundamental del fortalecimiento al respeto de los derechos fundamentales y la real materialización del acceso a la justicia. Exige dotar de contenido al principio de tutela judicial efectiva de los derechos, tanto de ví­ctimas como de imputados, de acuerdo con los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en sintoní­a con la dimensión esencial del ser humano”, destacó el representante de la organización internacional.

Respecto de las caracterí­sticas principal que deben tener las defensas, Andrés Mahnke destacó a la autonomí­a como una de ellas. “Se requiere de defensas penales autónomas, que resguarden y garanticen el derecho a la defensa de las personas. Ello constituye un requisito indispensable para la existencia del debido proceso y se encuentra en directa relación con la protección de los individuos frente al poder punitivo del Estado”, sostuvo.

También participaron como expositores el presidente de la División Gauteng del Tribunal Superior de Sudáfrica, Dunstan Mlambo; el jefe ejecutivo de Fair Trials, ONG de derechos humanos que trabaja para asegurar mundialmente el derecho a un juicio justo en los casos penales; y Rick Jones, director ejecutivo y miembro fundador de Neighborhood Defender Service of Harlem, servicio que ofrece representación legal para los residentes de ese barrio neoyorquino.

Durante el encuentro se escucharon, además, las ponencias de Alejandro lvarez, lí­der del Equipo de Estado de Derecho, Justicia, Seguridad y Derechos Humanos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; Valérie Lebaux, jefa de la Sección Justicia, División de Operaciones, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito; y Saada Akremi, secretaria general de la Asociación de Abogados de Túnez, Ananda Mohan Bhattarai, juez de la Corte Suprema de Nepal, Anat Horovitz, vice-directora de la Oficina de Defensa Pública de Israel; Maha Jweied, vice-directora de la Oficina de Acceso a la Justicia del Departamento de Justicia de Estados Unidos, entre otros importantes funcionarios judiciales y representantes de la sociedad civil de varios paí­ses del mundo.

Asimismo, el Dr. Florentí­n Meléndez, ex comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y actual juez de la Corte Suprema de El Salvador ofreció una conferencia magistral sobre el derecho a la defensa desde una perspectiva de derechos humanos.

Al final de la Conferencia se adoptó la Declaración de Buenos Aires, como documento final, en el que se hizo reconocimiento expreso del cometido de la AIDEF con relación al pleno respeto y promoción del acceso a la justicia y al fomento del rol de los defensores públicos oficiales y su independencia y autonomí­a en las Américas y en el mundo.

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