Sexta sesión extraordinaria de la CAJP

El departamento de Derecho Internacional participa en la sexta sesión extraordinaria de la CAJP sobre la defensa pública oficial autónoma como garantía del acceso a la justicia de grupos vulnerables.

El pasado 5 de abril, el Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría de Asuntos Jurídicos (SAJ) de la OEA, presentó ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) un informe sobre las actividades que ha realizado durante los últimos 10 meses en cumplimiento de las resoluciones AG/RES. 2887 (XLVI-O/16) y AG/RES. 2908 (XLVII-O/17).

El Director del Departamento de Derecho Internacional, Dr. Dante Negro, recordó a las delegaciones que durante su período ordinario de sesiones de octubre de 2016, el Comité Jurídico Interamericano (CJI), aprobó 10 Principios y Directrices sobre la Defensa Pública en las Américas, referidos a cuatro temas específicos: i) el acceso a la justicia, ii) la labor de la defensa pública con relación a dicho acceso, iii) las características que deben poseer las defensorías públicas de la región, y iv) las tareas que los Estados deben emprender para fortalecer estas instituciones.

El Dr. Negro destacó que el CJI define el acceso a la justicia como un derecho humano fundamental que permite restablecer el ejercicio de otros derechos que hubiesen sido desconocidos o vulnerados, y que no se agota con el ingreso de las personas a la instancia judicial, sino que se extiende a lo largo de todas las etapas del proceso. En 2017, la Asamblea General de la OEA, reunida en Cancún, México, tomó nota de estos Principios y Directrices y solicitó al Departamento de Derecho Internacional darles la más amplia difusión posible.

En seguimiento a ese mandato, el Departamento de Derecho Internacional informó sobre diversas reuniones que ha sostenido con representantes de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) para explorar la mejor manera de implementar dicho mandato, dentro del marco del acuerdo de cooperación entre la SG/OEA y AIDEF. Este esfuerzo se ha realizado como una continuación de las múltiples actividades conjuntas que se vienen realizando a través de los años con AIDEF – en países como Argentina, Brasil, República Dominicana y Paraguay, entre otros- relativas a la capacitación de los defensores públicos en la región sobre los diferentes aspectos que contribuyen a mejorar el acceso a la justicia.

Acto seguido, representantes de la AIDEF hicieron uso de la palabra, tras la cual se desarrolló un dinámico y sustantivo intercambio de experiencias sobre buenas prácticas destinadas a la aplicación integral de las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad.

Por su parte, el Presidente de la CAJP y Representante Permanente del Uruguay, Embajador Hugo Cayrús, propuso, y las delegaciones acordaron; i) tomar nota de las presentaciones e intervenciones realizadas por los representantes de AIDEF, las delegaciones de los Estados Miembros y el Director del Departamento de Derecho Internacional: ii) destacar la relevancia de la labor que desarrollan los defensores públicos oficiales en diversos países del Hemisferio en la defensa de los derechos fundamentales de los individuos, específicamente, los servicios de asistencia letrada gratuita que permiten el acceso de todas las personas a la justicia, en particular de aquellas que se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad, y iii) solicitar al Departamento de Derecho Internacional que dé la más amplia difusión a los Principios y Directrices sobre la Defensa Pública en las Américas, así como a la Guía Práctica para Reducir la Prisión Preventiva adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2017, y que continúe realizando actividades de capacitación de los defensores públicos en los países de la región que así lo soliciten, sobre los diferentes aspectos que contribuyen a la mejora del acceso a la justicia.

» Ver el texto de la resolución “Principios y Directrices sobre la Defensa Pública en las Américas”, CJI/RES.226 (LXXXIX-O/16) de 13 de octubre de 2016

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