La CIDH advierte que las restricciones de acceso a la asistencia legal son contrarias a las leyes y políticas públicas que garantizan los DDHH a personas en situación de movilidad en México.
En su reciente visita de trabajo virtual a México (diciembre 2020-enero 2021) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) informó sobre el excesivo formalismo por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) y las dificultades para permitir el ingreso de personal de la Defensoría a las instalaciones migratorias.
También informó sobre la identificación de casos de personas que habían permanecido detenidos en instalaciones migratorias durante más de un año, en espera de la resolución de sus procedimientos. Para la CIDH, esta situación de espera prolongada y las dificultades para acceder a asistencia legal dentro de las estaciones migratorias, podrían llevar a la devolución de personas con necesidades de protección internacional bajo la figura de un retorno asistido.
En las Observaciones Preliminares, la CIDH recuerda al Estado mexicano que debe facilitar el acceso a procedimientos de reconocimiento de la condición de persona refugiada o la evaluación de posibles necesidades de protección complementaria y la observancia estricta del principio de no devolución en cualquier caso en que exista riesgo de amenaza de derechos de la persona en el país al que sería devuelta.
Asimismo, urgió al Estado mexicano a permitir el ingreso de abogados y abogadas del IFDP a estaciones migratorias, estancias provisionales o lugares habilitados para ello, incluidos los espacios de población, así como a los albergues para brindarles asistencia legal gratuita sobre procedimientos migratorios, asilo o protección.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación, el año pasado fueron detenidas en estaciones migratorias 80 mil 926 personas y un total de 50 mil 470 fueron devueltas a sus países. De las cifras referidas, la Defensoría Pública Federal tan sólo pudo brindar asistencia legal gratuita a 2 mil 723 personas en movilidad.
Debido al creciente flujo migratorio, el IFDP incrementó en casi un 105% su plantilla de asesoras y asesores jurídicos especializados en atención a personas en movilidad y sujetas a protección internacional, así como la cobertura en el país para abarcar más ciudades y entidades federativas.
Celebramos el sentido con el que fueron emitidas estas observaciones preliminares por parte de la CIDH, ya que nos coloca en el camino de la protección efectiva de los derechos humanos de personas en movilidad. Lo que representa un llamado al Estado mexicano para actuar en consonancia.